Concurso Internacional de Semilleros de Derecho Procesal 2026

La relación entre ética y derecho es uno de los debates fundacionales de la teoría jurídica, con raíces que se remontan al pensamiento clásico de Aristóteles y Cicerón, pasando por la escolástica de Tomás de Aquino, hasta las grandes disputas modernas entre iusnaturalistas y positivistas. El siglo XX intensificó esta discusión: los procesos de Núremberg (1945-1946) plantearon de forma dramática si una ley formalmente válida pero moralmente atroz debía ser obedecida, abriendo paso a la célebre polémica Hart-Fuller (1958) y a la 'fórmula de Radbruch', que postula que el derecho extremadamente injusto deja de ser derecho. Estos debates redefinieron la frontera entre la legalidad y la legitimidad y consolidaron la idea de que el ordenamiento jurídico no puede operar al margen de exigencias éticas mínimas. En el ámbito procesal, la ética adquiere una dimensión práctica y normativa: regula la conducta de jueces, fiscales, abogados, peritos y partes a través de códigos deontológicos, principios de buena fe procesal, lealtad, probidad y prohibición del abuso del derecho. Instrumentos como los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial (2002), promovidos por la ONUDC, así como los códigos iberoamericanos de ética judicial y los estatutos de la abogacía, han buscado armonizar estándares en distintos sistemas jurídicos. La discusión contemporánea también incorpora dilemas sobre transparencia, conflictos de interés, corrupción judicial, uso de inteligencia artificial en la administración de justicia y los límites éticos de la litigación estratégica. Hoy, América Latina enfrenta retos particulares: crisis de confianza en el poder judicial, escándalos de corrupción transnacional (como el caso Lava Jato), polarización política que presiona la independencia judicial, y el desafío de garantizar el debido proceso en contextos de violencia, desigualdad y reformas constitucionales. El debate sobre ética y derecho, lejos de ser una cuestión abstracta, se proyecta sobre la legitimidad del Estado de derecho, la efectividad de las garantías procesales y la posibilidad de construir sistemas judiciales íntegros que respondan tanto a la legalidad como a las exigencias morales de las sociedades democráticas.