ELSA Spain Moot Court Competition IX Edition

El arbitraje comercial internacional surgió como respuesta a la necesidad de los actores económicos transfronterizos de resolver disputas fuera de los tribunales nacionales, percibidos como lentos, parciales o desconocedores de las prácticas mercantiles. Su consolidación moderna se inicia con la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, que hoy cuenta con más de 170 Estados parte y constituye la columna vertebral del sistema. La Ley Modelo CNUDMI/UNCITRAL de 1985, revisada en 2006, ha servido de plantilla para la armonización legislativa en numerosas jurisdicciones, incluyendo España, cuya Ley 60/2003 de Arbitraje se inspira directamente en ella. El núcleo del debate contemporáneo gira en torno a la tensión entre autonomía de la voluntad de las partes y control judicial: alcance del convenio arbitral, arbitrabilidad de materias sensibles (consumo, competencia, corrupción), independencia e imparcialidad de los árbitros, financiación por terceros (third-party funding), y motivos de anulación o denegación de exequátur por contrariedad al orden público. Casos recientes ante tribunales españoles y europeos —incluida la jurisprudencia del TJUE en Achmea (2018) y Komstroy (2021)— han redibujado los límites entre arbitraje comercial, arbitraje de inversión y derecho de la Unión. Hoy, instituciones como la CCI en París, la LCIA en Londres, el SIAC en Singapur, el HKIAC en Hong Kong y la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) en Madrid compiten por consolidarse como sedes preferidas. Para los participantes en una moot court, los puntos críticos suelen ser la determinación de la ley aplicable al convenio arbitral, la extensión del convenio a no signatarios, la producción de prueba conforme a las Reglas IBA, y la ejecución transfronteriza del laudo bajo la Convención de Nueva York.

El derecho de contratos y daños constituye el núcleo del derecho privado patrimonial, regulando tanto las obligaciones asumidas voluntariamente por las partes como la reparación de los perjuicios causados al margen de un vínculo contractual. En la tradición civilista, heredera del Código de Napoleón de 1804 y del BGB alemán de 1900, su desarrollo en España se articula en torno al Código Civil de 1889 y se ha visto progresivamente transformado por el derecho de la Unión Europea, en particular en materia de protección al consumidor, cláusulas abusivas (Directiva 93/13/CEE) y responsabilidad por productos defectuosos (Directiva 85/374/CEE, recientemente sustituida por la Directiva (UE) 2024/2853). Los esfuerzos de armonización han producido instrumentos como los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales, los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (PECL) y el Draft Common Frame of Reference (DCFR), así como la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). En paralelo, el TJUE ha consolidado una jurisprudencia exigente sobre control de transparencia en cláusulas predispuestas —especialmente en préstamos hipotecarios multidivisa, cláusulas suelo e IRPH— que ha reconfigurado la práctica contractual en España. En el ámbito de los daños, la discusión contemporánea se centra en la reparación del daño moral, el daño punitivo (rechazado en general por el orden público europeo pero presente en jurisdicciones de common law), la responsabilidad por inteligencia artificial y sistemas autónomos, la cuantificación del lucro cesante y la pérdida de oportunidad, y la responsabilidad solidaria en cadenas de suministro. Para un moot, los problemas típicos integran cuestiones de formación del contrato, incumplimiento esencial, remedios (cumplimiento específico, resolución, indemnización), mitigación del daño y previsibilidad bajo la regla de Hadley v Baxendale o sus equivalentes continentales.